Los mortíferos incendios forestales se extienden por el Mediterráneo Ayuda de la UE a
La superficie de Extremadura es de 41.633 km2, lo que la convierte en la quinta comunidad autónoma más grande de España. Está situada en la Meseta Sur (una subdivisión de la Meseta Central española).
El punto más alto de Extremadura, el Calvitero (o El Torreón), de 2.401 m,[4] se encuentra en el Sistema Central, en el extremo nororiental de la región, en el límite con Castilla y León. Las principales subcadenas del Sistema Central en Extremadura son la Sierra de Gata y la Sierra de Béjar.
Lusitania, antigua provincia romana que incluía aproximadamente el actual Portugal (excepto la zona norte hoy conocida como Región Norte) y una porción central occidental de la actual España, abarcaba en aquellos tiempos la actual Comunidad Autónoma de Extremadura. Mérida (actual capital de Extremadura) llegó a ser la capital de la provincia romana de Lusitania, y una de las ciudades más importantes del Imperio Romano.
Por el contrario, los reinos de León, Castilla y Portugal (sobre todo el primero) avanzaron en los siglos XI y XII por el territorio (con, por ejemplo, las sucesivas conquistas leonesas de Coria en 1079[10] y 1142,[11] los intentos portugueses de expansión por la cuenca del Guadiana en la segunda mitad del siglo XII, [12] o la fundación castellana de Plasencia en 1186)[13] no exentos tampoco de los contratiempos causados por el impulso almorávide y almohade, que también supuso la desaparición de la primera y segunda taifa de Badajoz en 1094 y 1150,[14] respectivamente. En el caso almohade, su ofensiva de 1174 eliminó el control leonés de todas las fortalezas al sur del Tajo (incluida Cáceres). [15] Tras el desastre almohade en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, el resto de la actual Extremadura bajo control musulmán cayó en manos de las tropas dirigidas por Alfonso IX de León-Alcántara (1214), [16] Cáceres (1227-1229),[17] Mérida (1230),[18] Badajoz (1230)[19]- y posteriormente a las órdenes militares de Santiago y Alcántara-Trujillo (1232),[20] Medellín (1234)[21]- en nombre de Fernando III de Castilla. Las últimas fortalezas de la Baja Extremadura fueron conquistadas por los cristianos hacia 1248[22].
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La Junta de Extremadura lanza una nueva convocatoria de ayudas para mejorar la competitividad de las pymes extremeñas que faciliten una gestión más eficiente y eficaz a las empresas; que puedan optimizar y digitalizar sus procesos a través de la implantación de herramientas informáticas de gestión avanzada; que dispongan de normas de calidad certificadas que les permitan entrar en nuevos mercados o que diseñen nuevos envases y embalajes que mejoren la comercialización de sus productos.
Es una ayuda para Optimizar la gestión de la empresa a través de la implementación por parte de una consultora especializada de un análisis de negocio y una evaluación del estado actual de los procesos. Aplicando Lean Manufacturing, Lean Management, Lean Office… u otros de similares características.
subvenciona el 80% de los gastos subvencionables de los gastos de consultoría externa especializada. El importe máximo de los gastos subvencionables puede ser de 15.000, 20.000 o 25.000 euros en función del número de empleados de la empresa.
Subvenciona la implantación y Certificación de todas las normas reconocidas institucionalmente en relación con la gestión de la calidad, gestión medioambiental, seguridad y salud laboral, gestión de la I+D, gestión de la seguridad de la información, entre otras.
Energía
La subvención finalista consiste en una cantidad de dinero que debe destinarse exclusivamente a la amortización de la deuda y al pago a proveedores, incluidos los salarios de los trabajadores, y a otros acreedores, financieros o no financieros, así como a los costes fijos en los que haya incurrido el solicitante de la subvención, siempre que los pagos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, en relación con contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, y, en todo caso, estén pendientes de pago a 31 de mayo de 2021.
La Comunidad de Extremadura ha ampliado el ámbito subjetivo de beneficiarios de las subvenciones directas inicialmente previstas en el Real Decreto 5/2021, a aquellos sectores de actividad más afectados dentro de la comunidad autónoma, alcanzando un total de 204 CNAE admisibles.
La Administración tampoco considerará como posibles beneficiarios a los empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que, en su estimación directa del IRPF, del Impuesto de Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo; y (ii) a las empresas, autónomos o profesionales que hayan iniciado su actividad con posterioridad al 31 de marzo de 2020.
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Los incentivos regionales son subvenciones financieras concedidas por el Estado español a proyectos de inversión productiva llevados a cabo en regiones previamente determinadas de España para promover y consolidar el desarrollo de la actividad empresarial en dichas zonas e impulsar la creación y el mantenimiento del empleo en las mismas. El objetivo es contribuir a paliar los desequilibrios territoriales existentes y reforzar el potencial endógeno de desarrollo de las regiones con menor nivel de crecimiento. La Administración del Estado concede estas ayudas de acuerdo con la delimitación de las zonas subvencionables y las intensidades máximas de ayuda estipuladas por la Comisión Europea para las ayudas estatales de carácter regional. Las funciones relativas a los incentivos regionales están atribuidas a la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Secretaría General de Fondos Europeos, un nuevo organismo creado con rango de subsecretaría dentro de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda.
Como se ha indicado, estos incentivos consisten en ayudas económicas destinadas a financiar proyectos de inversión creadores de empleo, que se ejecuten en las zonas de menor nivel de desarrollo o en las zonas menos favorecidas cuyas especiales circunstancias así lo aconsejen, siempre que supongan (i) la puesta en marcha de un nuevo establecimiento industrial; (ii) la ampliación de una actividad ya establecida o el inicio de una nueva o (iii) la modernización de instalaciones (siempre que no se trate de una mera inversión de reposición).
