Cultura de España
cubre temas comunes en las leyes y reglamentos sobre medio ambiente y cambio climático -incluyendo la política medioambiental y su aplicación, permisos medioambientales, residuos, responsabilidades, entre otros- en 18 jurisdicciones.
El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado como condición esencial para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece el deber de conservarlo. Por ello, quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales y de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño causado, con independencia de las sanciones administrativas o penales que también procedan.
La Ley 27/2006, de 18 de julio, sobre el derecho de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, es la norma que recoge los derechos y obligaciones relacionados con el suministro de información ambiental.
En términos generales y según esta norma, con independencia de su consideración como parte interesada, cualquier persona tiene derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas. Las excepciones a esta norma se enumeran en el artículo 13 de la Ley (por ejemplo, una solicitud es demasiado general o irracional, se refiere a materiales no concluidos, comunicaciones internas, etc.). Están sujetas a una interpretación restrictiva.
Datos empresariales sobre España
La Ley 11/2018 es lo suficientemente amplia como para cubrir casi todos los criterios ASG comúnmente utilizados en el mercado. De la revisión de los EINF de las empresas cotizadas, destacan las siguientes ventajas de una buena información no financiera: (i) ahorro de costes mediante la aplicación de medidas medioambientales; (ii) mejora de la reputación; (iii) orgullo de los empleados hacia la empresa; (iv) facilidad de contratación pública; (v) acceso más fácil a grandes empresas; (vi) acceso a nuevos mercados; y (vii) anticipación a nuevas normativas. Algunas de las divulgaciones voluntarias ESG que se realizan más allá de las exigidas por ley son:
La Comisión Europea ha llevado a cabo una serie de consultas sobre la Taxonomía de la UE, incluida una Consulta de la Plataforma de Finanzas Sostenibles de la UE sobre la Taxonomía (hasta el 6 de septiembre de 2021) y una Consulta Pública sobre el Proyecto de Informe del GTT de la Plataforma de Finanzas Sostenibles sobre las recomendaciones preliminares de los criterios técnicos de selección para los cuatro objetivos medioambientales restantes y algunas actividades adicionales de acuerdo con los criterios para los objetivos climáticos de la Taxonomía.
Empresas en España
Mediante la aplicación de acciones integradas, el plan de calidad del aire y cambio climático de Madrid pretendía mejorar la calidad del aire para sus residentes y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de mitigar el cambio climático y mejorar la salud pública.
Como primer paso, el Ayuntamiento de Madrid analizó los datos históricos de calidad del aire y de emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero utilizando modelos de calidad del aire de alta resolución, para identificar las zonas problemáticas y las principales fuentes de contaminación. Este análisis se centró en el NO2 y las partículas. Las mayores concentraciones de NO2 se observaron en el centro de la ciudad, especialmente en torno a las carreteras principales, como resultado de las emisiones del tráfico. El transporte por carretera fue también el mayor contribuyente a las emisiones de partículas finas (PM2,5), con un 35%.
Los principales objetivos estratégicos y medidas del plan se presentaron a la Comisión de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid, un órgano consultivo compuesto por representantes del Ayuntamiento de Madrid, otras administraciones públicas y organizaciones representativas de interés social, así como por expertos en el ámbito de la calidad del aire. Se consultó a los ciudadanos de Madrid a través de diversos canales, para dar a todos los ciudadanos la oportunidad de contribuir.
Actitudes de los españoles
España ha realizado importantes avances en muchos aspectos de su comportamiento medioambiental desde el año 2000. Sin embargo, existe un amplio margen para aplicar más impuestos ecológicos y reducir las cargas sobre el trabajo como forma de estimular el crecimiento económico, según el Informe.
España también podría hacer más para simplificar y racionalizar su normativa medioambiental, aprovechando las medidas ya adoptadas en este sentido, ya que sus complejas normas y su gestión descentralizada siguen creando una pesada carga burocrática para las empresas, según el Informe.
Tras señalar que los ingresos por impuestos ecológicos han caído hasta situarse entre los más bajos de Europa, con un 1,6% del PIB en 2012, mientras que los impuestos sobre el trabajo han aumentado, el Estudio apoya la idea de una reforma que amplíe y aumente los impuestos medioambientales. Elevar el impuesto sobre el gasóleo en consonancia con el impuesto sobre la gasolina, por ejemplo, podría ayudar a preservar el medio ambiente al tiempo que permitiría reducir los impuestos sobre la nómina.
La Revisión destaca el elevado volumen de requisitos de la normativa medioambiental y su aplicación relativamente descoordinada en 17 Comunidades Autónomas. A pesar de algunos avances en la racionalización del sistema, se podría hacer más para aligerar la carga de las empresas y el coste para la economía sin comprometer las normas medioambientales.
