Universidad de florida colectivo nulo
El convenio colectivo (tal y como se define en el Título III del Estatuto de los Trabajadores Negociación Colectiva y Convenios Colectivos) es un instrumento de regulación del centro de trabajo, ya que los representantes de los trabajadores y de los empresarios negocian los derechos y deberes contenidos en el convenio.
El convenio colectivo tiene como objetivo regular las condiciones de trabajo y la productividad, así como los deberes de las partes para lograr el consenso laboral. Por ejemplo, un convenio colectivo puede contener disposiciones relativas al salario mínimo, el horario de trabajo, la distribución de las horas de trabajo o las medidas de conciliación de la vida profesional y familiar.
El convenio colectivo se aplicará a los trabajadores y al empresario desde su entrada en vigor hasta el plazo acordado. El convenio se renovará automáticamente cada año, siempre que ninguna de las partes se retire del mismo.
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Aquí encontrará información sobre el modelo de mercado laboral sueco, enlaces a los convenios colectivos de varios sectores e información de contacto con las organizaciones de representación de empresarios y trabajadores responsables.
La relación entre empresarios y trabajadores y sus organizaciones está regulada en Suecia por varias leyes. Las partes del mercado laboral pueden apartarse ampliamente de la legislación mediante convenios colectivos. Un convenio colectivo es un acuerdo escrito sobre las condiciones de empleo entre una organización de representación de los empresarios o un empresario y una organización sindical. También puede regular otras condiciones entre empresarios y trabajadores. La Oficina Nacional de Mediación tiene más información sobre el modelo sueco.
La Asociación Sueca de Municipios y Regiones (SALAR) es una organización representativa de los empleadores que representa y defiende a la administración local en Suecia. Todos los municipios y regiones de Suecia son miembros de SALAR.
TCO comprende 13 sindicatos afiliados. Sus miembros trabajan en todos los sectores del mercado laboral, por ejemplo, en escuelas, sanidad, comercio, medios de comunicación, policía, industrias manufactureras, informática y telecomunicaciones.
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El 14 de septiembre, 660 guarderías de todo el país se vieron afectadas por una huelga nacional coordinada por el sindicato FNV. Esta acción forma parte de una campaña que se lleva a cabo desde julio y que incluye paros regionales y una jornada de huelga nacional. El sindicato quiere que la patronal negocie un convenio colectivo que incluya medidas concretas para hacer frente a la excesiva carga de trabajo y a los horarios imprevisibles. La FNV afirma que la patronal busca soluciones en el Gobierno, pero sostiene que hay medidas prácticas que los empresarios podrían adoptar, como la contratación de personal.
El sindicato de servicios GPA está decidido a pedir cuentas al Gobierno sobre la prima Corona de 500 euros prometida a los enfermeros en junio. El sindicato se unió a otros sindicatos para pedir con éxito que la bonificación se extendiera a otros trabajadores, pero sigue preocupando que no esté disponible para todos en el sector de la asistencia social. Sin embargo, el GPA está enfadado porque, tres meses después, la bonificación no se ha pagado y sigue sin estar claro quién tiene derecho a ella. El sindicato se queja de la falta de respeto a los trabajadores que han estado expuestos a un estrés extremo y a una gran carga de trabajo durante meses y que merecen
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Tras la experiencia de trabajo a distancia impuesta por la pandemia, parece que esta modalidad de trabajo se está afianzando en algunos sectores. Sus ventajas, como el ahorro de espacio y de costes, la reducción de los desplazamientos que favorecen las políticas de sostenibilidad, la mejora de la conciliación de la vida laboral y personal y la atracción de talento internacional, están ayudando a consolidarlo en algunas empresas. Aunque las cifras siguen siendo inferiores a las de otros países de la UE, esta modalidad de trabajo ha crecido exponencialmente en España, pasando de unos 1,6 millones de trabajadores remotos al inicio de la pandemia a casi 3 millones en marzo de 2021 (datos de Adecco Group Institute).
Este aumento del número de trabajadores remotos estables demuestra que, para muchas empresas, ya no es una mera respuesta preventiva a la pandemia, sino que se ha convertido en una opción organizativa. Esto ha hecho necesario completar la regulación en esta materia introducida por el Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, sobre el trabajo a distancia, actualmente un proyecto de ley y aún pendiente de pasar por el Senado.
El alcance concreto de muchos de los derechos y obligaciones establecidos en esta norma se ha dejado a la negociación colectiva. Es el caso, por ejemplo, del derecho de los trabajadores a que la empresa se haga cargo de los gastos de teletrabajo asociados a los equipos, herramientas y medios vinculados a su actividad profesional.
