El Gobierno pone una bala en la cabeza de un manifestante
La norma dictada con carácter extraordinario nada dice sobre los efectos del silencio administrativo, institución regulada por una norma de rango superior; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El artículo 24 establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, con independencia de la resolución que deba dictar la Administración, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya notificado resolución expresa, legitima al interesado para entenderlo estimado por silencio administrativo, salvo en determinados casos entre los que no se encuentra el que nos ocupa.
Siempre será aconsejable solicitar a la autoridad laboral competente, una vez transcurrido el plazo de 5 días para resolver el ERTE, la emisión de un certificado acreditativo del silencio producido, que teóricamente debería emitirse en los 15 días siguientes.
Si existe una solicitud de informe a la Inspección, de la que no se enterará el empresario que plantea el ERTE, podría entenderse añadido al plazo de 5 días para resolver el ERTE, el plazo de 5 días que tiene la Inspección para emitir el informe solicitado.
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El derecho al silencio no puede limitarse razonablemente a las declaraciones de reconocimiento de la culpa o a las observaciones que incriminan directamente a la persona interrogada, sino que abarca también la información sobre cuestiones de hecho que pueden utilizarse posteriormente en apoyo de la acusación y, por tanto, pueden influir en la condena o en la pena impuesta a esa persona” (apartado 40).
No es tan innovador, pero siempre es bueno recordar la relación entre el TFUE y el CEDH cuando se trata de la interpretación de los derechos fundamentales de la UE. En el caso que nos ocupa, el derecho al silencio y, por tanto, los artículos 47 (derecho a un juicio justo) y 48 (presunción de inocencia) del TFUE pasan a primer plano. El art. 6 del CEDH y la jurisprudencia pertinente del TEDH deben, sin embargo, considerarse también, de acuerdo con el art. 6(3) TUE, ya que los derechos fundamentales del CEDH constituyen principios generales del Derecho de la UE. Además, el art. 52(3) del TFUE subraya la coherencia entre los derechos fundamentales del TFUE y del CEDH, lo que significa que cuando los derechos se corresponden entre sí, debe entenderse que tienen el mismo significado y alcance (apartado 36). Así pues, cuando el TJUE interpreta los derechos de los artículos 47(2) y 48 del TFUE, que se corresponden con los artículos 6(1) y 6(2) del CEDH, el significado de estos derechos es el mismo. 6(1) y 6(2) y (3) del CEDH respectivamente (véase aquí), debería considerar la jurisprudencia del TEDH “como el umbral mínimo de protección” (apartado 37).
ISLA PHI PHI, MIRADOR ISLA PHI PHI
Global Economic Crime and Fraud Survey 2018 de PricewaterhouseCoopers, el 28% de las empresas que informaron sobre corrupción interna en los últimos dos años señalaron que habían sufrido mala conducta empresarial, y el 45% dijo haber sufrido malversación de activos. Un informe del Banco Mundial
Incluso si adoptamos la postura de que el objetivo principal de las empresas es aumentar la riqueza o los beneficios, utilizar la corrupción para maximizar los beneficios generará efectos negativos para la empresa, como la disminución de la moral de los empleados, la reducción de la productividad, la pérdida de confianza de los accionistas y los inversores, y el daño a la reputación y las relaciones comerciales. Las empresas también tienen que asumir los costes asociados a la investigación y a las medidas correctoras (Lee-Jones, 2018). A continuación se exploran algunos de estos impactos. Por el contrario, en muchos contextos, “los niveles más altos de integridad de las empresas se corresponden con un mayor rendimiento comercial” (U4, 2017). Además, según el sitio web del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Cada vez se entiende mejor -especialmente por parte de los líderes empresariales y los inversores que van por delante- que no basta con que las empresas se preocupen únicamente por los beneficios a corto plazo, ya que las catástrofes naturales, el malestar social o la disparidad económica pueden perjudicar la prosperidad a largo plazo. Las empresas que comprendan este reto y actúen estarán un paso por delante.
¿Qué pasó con JIM CARREY?
Considerando que es conveniente establecer reglas de práctica unificadas y consolidadas, el Tribunal Administrativo Central, en ejercicio de las facultades conferidas por la Sección 200 de la Ley de Tribunales Administrativos de 1985 (Ley Central 13 de 1985) y todas las demás facultades que le permiten establecer reglas para regular su propia práctica y procedimiento, establece las siguientes reglas de práctica en sustitución de todas las órdenes, reglamentos y notificaciones existentes en la materia
8. 8. Procedimiento para la presentación de documentos desfigurados, rotos o dañados – Cuando un documento presentado junto con un escrito parezca estar desfigurado, roto o dañado de alguna manera, o su estado o apariencia requiera un aviso especial, la parte que lo presente deberá hacer una mención sobre su estado y apariencia en el índice de dicho escrito, y el funcionario autorizado para recibirlo deberá verificar y rubricar dicha mención.
(b) La oficina de recepción de la Secretaría, al estampar el sello de la fecha, anotará los datos en el Registro de Entrada, Registro Nº 1, y asignará un Número de Diario. El mismo número de diario se anotará inmediatamente debajo del sello de fecha en la primera página de la copia principal/primera y de todas las demás copias.
