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La finalidad del Registro Público Concursal es agrupar la información relevante generada en el curso de los procedimientos de insolvencia, a efectos meramente informativos y de divulgación pública.
La Ley Concursal de 2003 no preveía un registro para dar información sobre los procedimientos de insolvencia en general. La cuestión se enmarcaba en el régimen de publicidad previsto entonces en el derecho de sociedades español, que se basaba en la publicación de anuncios en los diarios de mayor difusión de la provincia en cuestión. Esto suponía cada vez más la paralización de los procedimientos, ya que los gastos de publicación debían ser asumidos por la masa concursal, que no siempre podía pagarlos.
El artículo 198 de la Ley Concursal sí preveía un registro público de casos de insolvencia culpable y de nombramiento o inhabilitación de administradores concursales. Dicho registro fue ampliado y denominado “Registro Público Concursal” por el Real Decreto-ley 3/2009, de 29 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal para hacer frente a la nueva situación económica. Desde entonces, la disposición ha sido modificada en varias ocasiones, y también se han producido cambios que afectan a otras normas que prevén la publicación de determinadas medidas a través del Registro. Las normas actuales de desarrollo del artículo 198 de la Ley Concursal se recogen en el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, sobre el Registro Público Concursal.
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Por regla general, una Inversión Extranjera Directa sólo está sujeta a un régimen de declaración a posteriori con fines puramente administrativos, estadísticos o económicos ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones una vez realizada la inversión. Las inversiones realizadas desde paraísos fiscales también están sujetas a una declaración administrativa previa.
Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) facilitan el proceso de creación de nuevas empresas. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dispone de un buscador que permite encontrar un PAE adecuado para el emprendedor.
Un documento obligatorio aunque meramente informativo (Formulario D-1A) que, como norma, debe presentarse en el Registro de Inversiones Exteriores (RIE) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el plazo de un mes desde la constitución de la Nueva Empresa. Esto puede ser tramitado por el Notario a petición del interesado.
En el caso de que, según la normativa fiscal española, la inversión tenga su origen en un territorio calificado como paraíso fiscal, deberá presentarse también una declaración informativa previa a la constitución de la sociedad. (Formulario DP1)
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Sí, pero hay algunas excepciones. Si trabajas más de 8 horas en un solo día y/o más de 40 horas en una sola semana, se te debe pagar tiempo y medio (1,5 veces) tu salario por hora o regular por esas horas extra que has trabajado. Ponte en contacto con la oficina de Salarios y Horas ((907) 269-4900) si tienes dudas.
Sí, pero cada vez que trabaje más de 8 horas en un solo día y/o más de 40 horas en una sola semana, su empleador debe pagarle 1.5 veces su salario por hora o regular por esas horas extra más de 8 y/o más de 40 que haya trabajado. Si tu empleador no te paga esas horas extras, puedes denunciar el robo de salario en la oficina local de la Administración de Salarios y Horas.
Recibir un salario no significa que no tengas derecho a recibir horas extras. Algunos empleados están exentos de las horas extraordinarias, como los ejecutivos, los administrativos y los profesionales, todos los cuales requieren que se cumplan unos criterios muy específicos. Las funciones reales de su trabajo, sus responsabilidades y la forma en que se le paga suelen determinar su derecho a percibir horas extraordinarias.
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El año fiscal a efectos del CIT es el año contable de la empresa. El año fiscal no puede ser superior a 12 meses. La constitución, el cambio de ejercicio contable o la disolución de una empresa pueden dar lugar a un período inferior a un año.
Las declaraciones anuales del CIT deben presentarse dentro de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al final del año fiscal (es decir, si el año fiscal coincide con el año natural, la declaración debe presentarse entre el 1 de julio y el 25 de julio del año natural siguiente).
En el caso del CIT, deben realizarse tres pagos anticipados del impuesto anual durante los primeros 20 días naturales de abril, octubre y diciembre. El pago final del CIT debe realizarse con la declaración anual del CIT.
Para las empresas cuyo volumen de negocio, de acuerdo con la legislación española sobre el IVA, durante los 12 meses anteriores al inicio de un período impositivo sea superior a 6.010.121,04 euros, los pagos anticipados se calculan aplicando el 17% a la base imponible (reducida por las pérdidas fiscales que puedan corresponder) para cada período de pago anticipado, es decir, a 31 de marzo, 30 de septiembre y 30 de noviembre (porcentaje aplicable a las empresas que tributan al tipo general del CIT). Este porcentaje será del 24% en el caso de las entidades cuyo volumen de negocio, de acuerdo con la legislación española sobre el IVA, durante los 12 meses anteriores al inicio de un período impositivo sea de al menos 10 millones de euros.
