Ley de 1967 sobre la discriminación en el empleo por motivos de edad
Los trabajadores tienen derecho a sindicarse, a unirse para promover sus intereses como trabajadores y a abstenerse de dicha actividad. Es ilegal que un empresario interfiera, retenga o coaccione a los empleados en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, los empresarios no pueden responder a una campaña de organización sindical amenazando, interrogando o espiando a los empleados favorables al sindicato, ni prometiéndoles beneficios si se olvidan del sindicato.
El artículo 7 de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (la Ley) garantiza a los empleados “el derecho a la autoorganización, a constituir organizaciones sindicales, a afiliarse a ellas o a colaborar con ellas, a negociar colectivamente a través de representantes de su elección y a participar en otras actividades concertadas con fines de negociación colectiva u otra ayuda o protección mutuas”, así como el derecho “a abstenerse de cualquiera o de todas esas actividades”.
Derechos y deberes de los trabajadores
Las personas con discapacidad están protegidas contra la discriminación laboral por el Título I de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Rehabilitación de 1973 (Ley de Rehabilitación). La ADA se aplica a las empresas con 15 o más empleados, incluidas las administraciones estatales y locales. También se aplica a las agencias de empleo y a las organizaciones sindicales. Las normas de no discriminación de la ADA se aplican a los empleados federales en virtud del artículo 501 de la Ley de Rehabilitación. Para más información sobre la ADA, lea “Datos sobre la Ley de Estadounidenses con Discapacidades”. La Ley de Rehabilitación prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en los empleos federales, los programas gestionados por organismos federales, los programas que reciben ayuda económica federal y también en las prácticas de empleo de los contratistas federales.
El artículo 503 prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de discapacidad y también exige la adopción de medidas de discriminación positiva en la contratación, colocación y promoción de personas con discapacidad por parte de contratistas o subcontratistas federales. Las recientes actualizaciones de la Sección 503 han reforzado estos requisitos de acción afirmativa. La normativa incluye ahora un objetivo de utilización del 7%. Ese objetivo es un “criterio” con el que los contratistas federales pueden medir su éxito en la contratación y retención de personas con discapacidad. Los requisitos de no discriminación y acción afirmativa del artículo 503 se aplican a todos los contratistas públicos con contratos o subcontratos superiores a 10 000 dólares para la compra, venta o utilización de bienes muebles o servicios no personales. La mayoría de los contratistas federales están cubiertos tanto por la Sección 503 como por la ADA. Para más información, lea las preguntas más frecuentes sobre la normativa de la Sección 503.
Responsabilidades de los empleados
La carga de la prueba recae en el demandado y no en la persuasión. Si el demandado presenta dichas pruebas, se refuta la presunción de discriminación suscitada por el caso prima facie del demandante, y la carga de la prueba se traslada al demandante para demostrar que el motivo aducido por el demandado no era el verdadero motivo del despido del demandante y que el motivo aducido era un pretexto para tomar represalias ilegales. La anterior distribución de la carga de la prueba se aplicará en todas las fases del procedimiento, incluidas las peticiones de sentencia sumaria.
El demandante conserva en todo momento la carga de persuadir al juzgador de los hechos de que ha sido víctima de represalias ilegales. La Ley Whistler-Blower puede consultarse en Tenn. Code Ann. § 50-1-304.
Igualdad de oportunidades
Skip to contentDerechos de los empleados y del lugar de trabajoTodos los empleados merecen un trato justo y respetuoso. No sólo es bueno para las empresas; es la ley. La discriminación, el acoso sexual y la intimidación cuestan tiempo y dinero, dañan la moral, reducen la productividad y socavan la reputación. Las responsabilidades de los empresarios se aplican en todas las etapas del empleo, incluida la contratación, durante el embarazo, la reincorporación al trabajo tras el permiso parental, en caso de lesión o enfermedad, y en caso de despido o regulación de empleo.
